miércoles, 15 de octubre de 2008

De los ajustes al gasto

En buena parte de América Latina, el debate sobre lo macroeconómico se ha concentrado más en la política monetaria que en la fiscal. En parte, este tema ha predominado con justa razón; en décadas anteriores el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación hicieron de las suyas en nuestra economía y en otras de la región.

Aún cuando sí le ha tocado el turno a la política fiscal, ha sido principalmente para cuestionarse sobre el rol de los déficits –el cual también es y ha sido un tema de suma importancia en estas latitudes. Sin embargo, usar la política fiscal como herramienta para optimizar las decisiones de gasto ante el comportamiento de los ciclos económicos –y de las variables que determinan los ingresos del gobierno– ha sido un tema relativamente menos debatido. Una excepción es Chile que a partir del presupuesto de 2001 implementó la regla del superávit estructural –política fiscal que pretende disciplinar las decisiones de gasto público en función de los fundamentos de largo plazo y no con las condiciones que impone la coyuntura. Es decir, en función de cuál es la posición de los ingresos presentes con respecto a los futuros, el gobierno tomará la decisión de acumular o desacumular activos –gastará más o gastará menos.

En México hemos observado durante la presente administración una mayor preocupación por instrumentar políticas de gasto contra cíclico, así como las propuestas al respecto. Primero con la subida en los precios de los alimentos, ahora con el desencadenamiento de la crisis financiera. En específico, la SHCP anunció la semana pasada el lanzamiento del Programa para impulsar el crecimiento y el empleo. A través del mismo, el gobierno gastará alrededor de 53.1 mil millones de pesos adicionales a lo propuesto el mes pasado (para el año entrante). El programa busca compensar los efectos de la recesión económica que ya empezamos a enfrentar.

Vamos a recapitular, apenas un mes antes de los episodios de la semana pasada, la SHCP solicitó al Congreso autorización para gastar durante 2009 poco menos de tres billones de pesos. En ese entonces pronosticaba que el próximo año el PIB crecería 3%. Justo un mes después ocurrió la debacle financiera en EUA que ha tenido ya sus secuelas en México. Como resultado la SHCP ajustó a la baja su expectativa de crecimiento –misma que utiliza para calcular los ingresos del Gobierno– y ahora pronostica que nuestra economía crecerá 1.8%. Cabe resaltar que su ajuste parece más optimista qué realista. A pesar de que el valor de algunas empresas ­–de las consentidas de los inversionistas en el mercado bursátil– cayó durante los episodios de la semana pasada hasta 28% con respecto al año anterior y que algunos grupos comerciales e industriales incluso se han declarado en suspensión de pagos. Aún así, la SHCP le apuesta a que habrá crecimiento económico.

Todavía más optimista es la estimación del efecto de la caída en el crecimiento que –según la SHCP– ­éste tendrá en los ingresos del Gobierno. Pues sólo van a contraerse en 1% de los ingresos totales (27 mil millones). Parece demasiado afortunado el gobierno, a pesar de que el mundo atraviesa por una de las peores crisis de la historia, en México las empresas sólo dejarán de pagar impuestos por poco más de 18 mil millones, aproximadamente 2% de los ingresos tributarios.

Desafortunadamente, el debate en torno a este programa parece limitarse a opiniones y apreciaciones –no llega al fondo. En gran medida se debe a que la dinámica entre la SHCP y el Congreso no culmina en que la primera siga la práctica de explicar exhaustivamente y en forma sistemática cuáles son todos los supuestos que sustentan los ajustes que hace a los ingresos esperados. Tampoco de someter a discusión con algún grupo de expertos la coherencia de los argumentos que sostienen esos estimados. Aún más, no ofrece un análisis que nos dé una idea de la confiabilidad de sus estimaciones, así como tampoco de los costos asociados a los riesgos que resulten de la divergencia entre los ingresos efectivamente obtenidos y los esperados. Cabe resaltar que tanto organismos internacionales como el FMI y la OCDE, así como gobiernos de otros países –que tienen mayor trayectoria instrumentando este tipo de políticas fiscales como Chile- afirman que ofrecer la información comentada anteriormente es una buena práctica de transparencia fiscal que ayuda a disminuir la incertidumbre y los costos asociados a ésta. Asimismo ofrece información relevante para mejorar la toma de decisiones en el terreno fiscal.

Para profundizar el debate es necesario contar con más y mejor información sobre los argumentos que sustentan las decisiones de gasto del Gobierno Federal. Lo anterior implica adoptar mejores prácticas de transparencia fiscal por parte del mismo, así como una demanda de información más efectiva por parte del Congreso y la sociedad civil.